Escribo estas cortas líneas mientras me tomo un mojito frente al mar (y sí, Mario V, ando con el Panama Hat). Si bien estoy viendo hacia el Pacífico, lo que ha sucedido - y está sucediendo - en el Atlántico repercute significativamente en esta zona. Y no me refiero solo a los efectos del cambio climático, sino de los problemas socioeconómicos subyacentes del país, que salieron una vez más a la luz pública gracias al entonces Gobernador de Guna Yala y su vinculación con supuesto tráfico de drogas. A raíz de esto, el Congreso General Guna lanzó un comunicado rechazando cualquier vinculación con el ex-gobernador e indicando, entre otras cosas que, si el gobierno central continúa la persecución en su contra, van a "[tomar sus] propias medidas con el acompañamiento de otros pueblos indígenas de Panama."
Definitivamente estoy en contra de cualquier tipo de violencia, especialmente si la misma viene perpetrada por el aparato coercitivo del estado, y espero que los Gunas puedan resolver el problemas que tienen ellos a lo interno de sus comunidades. Ahora bien, todo esto nos trae a un punto interesante y es aquel de la descentralización. Como sabemos, las poblaciones indígenas tienen un grado alto de quasi-soberanía dentro de nuestra república. En principio, y como muchos de los lectores saben, soy partidario de que cada provincia, ciudad, y hasta comunidad, tenga un alto grado de autonomía en los asuntos que les competen - digamos que abogo por localism, como lo ha plasmado Nassim Taleb. Pretender que el gobierno central sabe mejor que estas lo que le conviene a ellas es iluso, en el mejor escenario - tiránico en el peor. Como bien apuntaba Hayek, el conocimiento está disperso entre los individuos, por lo cual solo esos individuos saben, mejor que nadie, que le conviene a cada uno; consecuentemente, saben que le conviene puntualmente a la comunidad en la que habitan. Lo que impide que esto se vuelva realidad, sin embargo, es que hacen falta las instituciones, tanto políticas como económicas, para llevar a cabo una descentralización efectiva. Por ello, no solo debemos luchar por reforzar (fuertemente) nuestras instituciones y encaminarlas a que sean más inclusivas, sino que debemos oponernos a los recientes anteproyectos de ley que buscan crear más corregimientos.
No hay que extender mucho la imaginación para darse cuenta de lo que pasaría si se le brinda una autonomía casi absoluta a los representantes de corregimiento, alcaldes, y gobernadores (que por cierto, no son electos por nosotros de manera directa). Pensar que regresaríamos a tener señores feudales, peores de los que ya existen - principalmente en el interior del país - nos debe forzar a cuestionar cualquier idea que busque, por el momento, mayor descentralización y nuevos corregimientos.
Aun cuando suene muy bonita la idea de poder tener total autonomía en lo que ocurre en Farallón, por ejemplo, eliminando así la ridícula restricción de no poderse bañar en el mar, el simple hecho de pensar que un bufón local con garrote tiene la potestad de mandar sobre nuestro diario vivir, sin que uno tenga los recursos legales, protegidos por instituciones sólidas y transparentes, hace que nuestras ideas de autonomía se vuelva sueños de opio y que nos demos cuenta de que hay que poner el caballo delante de la carreta. De lo contrario, lo que vamos a tener son cientos de señores feudales en toda la república, crecidos aún más por los nuevos recursos que les entreguen, y que salen de nuestros impuestos, con el poder de convertir cualquier semi-paraíso local en un infierno dantesco.
Busquemos como meta, a largo plazo, obtener una descentralización que le regrese el poder a los individuos, en lugar de centralizarlo en el gobierno central. A corto plazo, opongámonos a cualquier medida que no busque traernos más cerca a los ideales republicanos de ley y orden, con estado de derecho, seguridad jurídica, instituciones robustas, todo lo cual permitirá que las ideas de libertades políticas, civiles, sociales, y económicas vuelvan a florecer.
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